La plataforma Alerta Venezuela, conformada por cinco organizaciones defensoras de derechos fundamentales, denunció una “nueva arremetida” por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Provea y Alerta Venezuela, denuncian que las autoridades venezolanas “han iniciado una ola de detenciones selectivas” contra trabajadores, activistas sociales y dirigentes de oposición.
Durante los primeros días del mes de julio, siete defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos “arbitrariamente”, precisó Alerta Venezuela.
“En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingreso a las entidades de trabajo, ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o exigir el cumplimiento de las garantías laborales, lo que se traduce en una política gubernamental aplicada para neutralizar a la disidencia trabajadora”, expuso Alerta Venezuela en un comunicado.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el sábado que un tribunal con competencia en terrorismo declaró “con lugar” una solicitud de privativa de libertad contra el trabajador humanitario y dirigente sindical Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y “tres personas más”.
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La detención de Blanco ocurrió el 7 de julio en medio de “irregularidades”; funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo interceptaron en las inmediaciones de su vivienda y, sin presentar “ningún documento” u orden de aprehensión, le solicitaron acudir a la sede del organismo para una “entrevista”, pero Blanco se negó y, decenas de vecinos salieron a resguardarlo, detalló Provea.
Esa madrugada, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron con una orden de aprehensión en la que se le imputaban los delitos de “terrorismo y asociación para delinquir previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT)”.
Horas antes, refirió Provea en una publicación, los dirigentes sindicales Alcides Bracho y Emilio Negrín, fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
“En ambos casos, los funcionarios policiales allanaron, sin orden judicial, las viviendas de los detenidos. Además, los agentes de seguridad no presentaron ningún documento que acreditara la existencia de una investigación u orden de aprehensión”, detalló la organización defensora de derechos fundamentales.
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Kelvi Zambrano, abogado e integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, evalúa la situación como una evidencia de que en Venezuela “se criminaliza la protesta” y a quienes piensan distinto, pero “especialmente” va orientado a dirigentes sindicales.
De momento, el Ministerio Público no ha ofrecido detalles sobre los casos.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para DDHH de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático, sobre las condiciones de detención en centros “previamente administrados por los servicios de inteligencia” y lamentó que su equipo ya no tenga acceso a esos recintos.
“Reitero mi pedido de que todas las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad plena inmediatamente, en particular cuya detención ha sido considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias”, expuso durante su última participación en un diálogo interactivo sobre Venezuela antes de dejar el cargo en septiembre.
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