La exclusión de algunos centros universitarios de los convenios con el Estado y los bajos salarios de los docentes de instituciones públicas son algunas de las alertas sobre la situación en Venezuela que destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación “por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica”.
En una declaración escrita el lunes, la CIDH señaló que tras recibir información y denuncias de lo que sucede en la nación latinoamericana, sobre las incidencias en la educación, ha concluido que “esto podría generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarias y funcionarios de las universidades con posiciones críticas hacia el gobierno”.
Entre las denuncias la CIDH relata las exclusiones de algunos claustros en las negociaciones colectivas con el Gobierno que afectan directamente a la libertad de asociación de los educadores.
Los docentes venezolanos están recibiendo un estipendio mensual que no rebasa los 11 dólares, asegura la entidad.
El plan educativo propuesto por el gobierno del presidente Nicolás Maduro va directamente a las “necesidades de formación de la nación”, lo que interfiere, argumenta la CIDH, en la autonomía de las altas casas de estudios.
Por consiguiente, la CIDH está urgiendo al Estado de Venezuela a que tome medidas que mejoren el presupuesto asignado a los profesores de universidades públicas y que los pagos de estos profesionales corran por medio de “un sistema independiente e imparcial que proteja la libertad académica y de expresión”.
La CIDH, así como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, son un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).