En el caso de Venezuela y Nicaragua ve logros de protestas cívicas pacíficas contra gobiernos populistas totalitarios
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció ayer jueves a través de su informe anual de 2019 la complicada situación de los derechos humanos en naciones como Venezuela, Nicaragua, Brasil y México, donde además que existe una “creciente tendencia” en América Latina y el mundo de “contraataque” a los abusos cometidos por autócratas en el poder.
El organismo manifestó que tanto la Unión Europea como la ONU y gobiernos democráticos del planeta apoyados por miembros de la sociedad civil y protestas populares en estos países en crisis están consiguiendo poner “resistencia” a los populistas que violan los derechos humanos.
El texto que corresponde a la 29 edición del Informe Mundial 2019 y que contiene 674 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países.
El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, dijo al presentar el informe que “la gran novedad del último año no ha sido la persistencia de las tendencias autoritarias sino la creciente oposición que enfrentan”.
Nicaragua
Con respecto a la situación que atraviesa Nicaragua bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, HRW indicó que “una enorme concentración de poder por parte del ejecutivo” ha permitido a su gobierno cometer abusos atroces contra críticos y opositores con total impunidad.
“Una represión por parte de la policía nacional y los grupos pro gubernamentales armados en 2018 dejó 300 muertos, más de 2,000 heridos y cientos de ellos arrestados arbitrariamente y procesados”, indica el texto en su capítulo dedicado a Nicaragua.
Además enfatizó que desde la llegada de Ortega al poder en 2007, su gobierno “ha desmantelado agresivamente todos los controles institucionales sobre el poder presidencial”, aludiendo a organismos como el Consejo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
El texto indica sobre la represión violenta a las protestas de abril pasado contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que dejó muertos y heridos en la nación centroamericana.
Así fue la protesta relámpago que realizó un pequeño grupo de jóvenes en carretera norte, la policía nacional se presentó al lugar casi de inmediatohttps://t.co/VSDMBwphx2 pic.twitter.com/W4QVrFDHpS
— El Nuevo Diario (@elnuevodiario) January 18, 2019
“Las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de las 324 personas que murieron en septiembre, una cifra que incluía a 23 niños y de la mayoría de los más de 2,000 heridos. Algunos asesinatos constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Los hospitales públicos a cargo del Ministerio de Salud negaron u obstruyeron la atención médica para los manifestantes heridos”, detalla el informe.
Además indica citando a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que la policía arrestó arbitrariamente y los grupos pro gubernamentales secuestraron a cientos de personas como parte de “una política” para “erradicar las condiciones estructurales que apoyan las voces y los críticos de la oposición”.
En algunos casos, el paradero de los detenidos no se confirmó hasta por dos semanas, lo que constituye una desaparición forzada durante el tiempo que estuvieron desaparecidos.
“La Policía Nacional sometió a los manifestantes a abusos que a veces equivalían a torturas, como palizas, prácticas acuáticas, descargas eléctricas y violaciones. Muchos dijeron a la prensa y a Human Rights Watch que se vieron obligados a grabar videos auto incriminatorios”, dijo el documento.
El informe explica que el gobierno tilda a la oposición de ser “terroristas” o “intentar derrocar al gobierno” y citó informes de organizaciones no gubernamentales nicaragüenses que brindan asesoría legal a los detenidos, según los cuales unas 477 personas estaban siendo procesadas en relación con las protestas, entre ellos 136 personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, algunas bajo la nueva ley contra el terrorismo que la legislatura promulgó en julio.
También se refiere a que en noviembre y diciembre el gobierno de Ortega despojó a nueve organizaciones de la sociedad civil de su registro legal a solicitud del Ministerio del Interior. La policía allanó cinco de sus oficinas y confiscó documentos y computadoras.
Igual ocurrió a medios de prensa independiente, -indica el reporte de HRW-, en referencia a que grupos pro gubernamentales armados hostigaron, amenazaron, intimidaron, atacaron, robaron y confiscaron equipos de periodistas y blogueros que informaron sobre las protestas.
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