La Conferencia Episcopal Argentina anunció que renuncia a los fondos de la Ley 21.950, que otorgaba una asignación mensual a obispos y arzobispos
Luis Robayo / AFP
La Iglesia católica completó el proceso de prescindir de la financiación del Estado en Argentina después de décadas de debate, según anunció la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
A través de un comunicado, la institución informó de que concluía el proceso de renuncia a la asignación prevista en la Ley 21.950 el último día del año 2023, por lo que a partir del 1 de enero ya no recibe los fondos previstos en la normativa.
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— Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) December 30, 2023
El proceso se inició hace cinco años, en 2018, durante el mandato de la administración del presidente Mauricio Macri, precisamente en un momento de convulsión social porque se estaba debatiendo la legalización del aborto.
Si bien las cantidades que la Iglesia católica venía recibiendo eran relativamente pequeñas, pues se considera que apenas constituían un 7 % del presupuesto de la entidad religiosa, suscitaba una gran polémica al constituir un privilegio hacia una religión concreta por parte de un Estado no confesional.
La base de este privilegio se sustentaba, por un lado, en el artículo 2 de la Constitución, que data de 1853, y afirma que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, y por otro, en una ley dispuesta por la última dictadura que otorgaba a arzobispos y obispos una asignación mensual, mientras estuvieran en funciones, del 80% de la remuneración de los jueces nacionales de primera instancia.
A partir de ahora, esos cargos eclesiásticos dejan de percibir ese aporte mensual, si bien la CEA ha aclarado que aquellos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez podrán solicitar, de manera particular, el beneficio de la asignación prevista que asciende actualmente a 98.000 pesos (alrededor de 120 dólares).
La CEA ha concluido así un proceso que en 2019 llevó a reducir un 30 % la asignación a obispos, sacerdotes y seminaristas, y que en 2020 llevó al Episcopado a anunciar un plan económico, conocido como Programa Fe, para generar financiamiento propio a través de campañas de donación, para que sean los propios fieles quienes sustenten económicamente su religión.