El excandidato presidencial Enrique Márquez pidió la nulidad del proceso que adelanta la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para certificar los resultados de las elecciones presidenciales y que se ordene contar las papeletas de cada caja de resguardo.
El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez anunció este miércoles que solicitó la nulidad del proceso iniciado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lleva a cabo un peritaje para verificar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por “vicios procesales”.
“Nosotros solicitamos expresamente a los magistrados que se declare nulo todo el proceso que se ha llevado en el caso presentado por el presidente de la República, por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en los que ha incurrido la sala”, dijo Márquez, también exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error, y es algo que atenta contra el elector”, agregó.
La Sala Electoral del TSJ, organismo considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para “investigar, verificar y certificar” los resultados electorales. El contenido del expediente no es público, lo que Márquez considera “inadmisible”.
Juristas y la oposición sostienen que se trata de un procedimiento que no existe en el marco legal venezolano. El Centro Carter, que desplegó una misión técnica para las elecciones, aseguró que no puede considerarse una “verificación independiente”.
Incluso varios países, entre ellos Brasil y Colombia, han reiterado que el CNE, que argumenta que su sistema sufrió un ciberataque el día de las elecciones, debe publicar los resultados.
El CNE, que no ha publicado los resultados desagregados mesa por mesa, dio como ganador de las elecciones presidenciales a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato opositor Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
Nueve de 10 candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon a los aspirantes atendieron a una citación del tribunal. González Urrutia descartó acudir argumentando que se están desconociendo las atribuciones del Poder Electoral y denunciando que se encuentra en una situación de “indefensión y violación al debido proceso”.
Márquez también solicitó al TSJ que ordene una auditoría completa de las elecciones, lo que implicaría la apertura de las cajas de resguardo y un conteo “voto a voto”.
“No para que la Sala Electoral lo haga con el CICPC o con unos técnicos cualquiera, es que lo tiene que hacer el CNE, que tiene que tener las urnas electorales resguardadas, y tienen que estar firmadas por los testigos, y tiene que tener el número de votos adentro que corresponde, y tienen que estar protegidas por el Plan República, nosotros queremos ver las urnas electorales”, insistió.
“Vamos a abrir las cajas, porque consideramos que el pueblo venezolano está indefenso actualmente. Queremos abrirlas en presencia de testigos, que las abra el CNE, por supuesto, en presencia de testigos nacionales e internacionales”, expresó.
Se desconoce cuándo el TSJ podría dictar una sentencia, pero, consultado por la crisis en Venezuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió el martes que podría ocurrir este viernes.
Márquez, además, anunció que acudirá al Ministerio Público para solicitar una investigación penal contra los cinco rectores del CNE.
En un informe preliminar, que inicialmente sería confidencial, el Panel de Expertos Electorales de la ONU denunció la ausencia de “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles.
El grupo, que se desplegó para las elecciones presidenciales del 28 de julio, en Venezuela, sostuvo que la ausencia de resultados desglosados “no tiene precedente” en elecciones democráticas contemporáneas y afirmó que la revisión de una pequeña muestra de documentos públicos, entre ellos las actas publicadas por la oposición, “exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados”.