Ciudadanos nicaragüenses exiliados en España denuncian públicamente:
El ex presidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió ayer con el operario de la dictadura sandinista de la embajada nicaragüense en España Carlos Midence.
De acuerdo al oficialista El 19 Digital el señor Zapatero elogió al régimen de Ortega y Murillo en temas de educación, salud y derechos fundamentales de los y las nicaragüenses.
“El Ex-Presidente se interesó por los cambios efectuados por nuestro Gobierno en materia de Educación y Salud; asimismo, nuestro Embajador le comunicó sobre los Programas, Proyectos y Políticas que han contribuido a robustecer los Derechos Fundamentales de la ciudadanía nicaragüense”, señala el medio oficialista El 19 Digital.
El señor Zapatero que ha sido cercano a las dictaduras de izquierdas en Latinoamérica, avala con su presencia y elogios al régimen orteguista la represión, la tortura, el exilio, el adoctrinamiento en las escuelas, y los más de 500 asesinatos ordenados por la dictadura orteguista.
¿Será que el señor Zapatero actúa en ignorancia o en complicidad a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua?
Para brindar un poco de información de la amplia evidencia que existe resumimos.
Desde que Ortega regresó al poder la desdemocratizacion, totalitarismo, los abusos y la arrogancia del poder corrupto del régimen desencadenaron en protestas cívicas que derivó una dura y violenta represión con el uso de armas de fuego, tortura, violaciones sexuales y ejecución es extrajudiciales para sofocar el descontento social.
Desde el 2018 la escalada de agresión ha sido parte de la estrategia reiterativa del gobierno para desarticular la protesta ante acontecimientos relevantes para la critica social en Nicaragua. Estas estrategias refuerzan un escenario de continua represión estatal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica por lo menos 328 personas asesinadas como consecuencia de la represión estatal, más de 2000 heridas y al menos 100 mil desplazadas forzosamente por violencia política.
Adicionalmente, la personería jurídica y bienes confiscados de las organizaciones civiles y de derechos humanos canceladas en diciembre de 2018 siguen sin restablecerse; y continua la clausura y confiscaciones de instalaciones de algunos medios independientes. Al menos 100 personas siguen privadas de libertad por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacifica en medio de una crisis sanitaria que les deja en particular vulnerabilidad, tal como lo ha reconocido la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACNUDH) y la CIDH.