La petición se da por parte de la Fiscalía General del país, que se niega a entregar a un líder de la MS-13 a la Justicia estadounidense
El jefe del Ministerio Público de El Salvador, Rodolfo Delgado, pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar el tratado de extradición existente con Estados Unidos, buscando evitar la extradición de un líder de la pandilla MS-13 requerido por el gobierno estadounidense.
De acuerdo con Delgado, el tratado actual es una “normativa preconstitucional”, de ahí que es necesaria una revisión.
Además, el fiscal general, nombrado y ratificado por el Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista – en medio de serias críticas de la comunidad internacional – pidió al Supremo que se “negocie un nuevo tratado” de extradición con Estados Unidos.
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“Sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta Constitución establece”, apuntó.
Las declaraciones de Delgado, citadas por el medio local La Prensa Gráfica, se dan como argumento ante la negativa de las autoridades de El Salvador de entregar a EE. UU. a Eliú Melgar Díaz, alias ‘Blue’, pandillero requerido por una corte de Virginia, donde enfrenta una acusación por terrorismo.
El pandillero, de acuerdo con la acusación, controlaba unas 20 clicas (células) de la MS-13 asentadas en los estados de Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey, California, Ohio, Rhode Island, Oklahoma, Luisiana y el Distrito de Columbia.
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El pasado 10 de junio, 13 magistrados de la Corte avalaron la extradición de Melgar Díaz, pero minutos después de esa votación, los jueces afines al presidente pidieron revocar la decisión, aduciendo que era necesario un análisis constitucional más profundo.
Anteriormente, según un comunicado del Departamento de Justicia, Estados Unidos hizo referencia al caso del pandillero salvadoreño en una nota diplomática, en la que daba garantías al gobierno salvadoreño de que la Justicia estadounidense no le impondría la pena de muerte y le facilitaría beneficios penitenciarios para evitar una cadena perpetua.
Pese al documento, el fiscal salvadoreño considera que no existen “suficientes garantías procesales y penales” por parte de las autoridades estadounidenses que protejan a Melgar Díaz.
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