Begoña Gómez, con su esposo el presidente español Pedro Sánchez.
Madrid – La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el abogado Antonio Camacho, ha presentado un recurso contra la reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de convocar una audiencia preliminar para el próximo 9 de junio. En el escrito, la representación legal de Gómez acusa al magistrado de imprimir al procedimiento una “velocidad de crucero” que considera incompatible con un proceso penal democrático.
La queja de la defensa sostiene que el juez ha cerrado etapas procesales de forma prematura, privando a las partes de diligencias esenciales, como la resolución de recursos pendientes, la ratificación de informes periciales y otras actuaciones solicitadas previamente. La citación del magistrado requiere la comparecencia presencial de Begoña Gómez, su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, bajo advertencia de ser conducidos por la fuerza pública en caso de incomparecencia.
Frente judicial y político contra el Ejecutivo Gómez es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción pone el foco en su actividad profesional y académica en la Universidad Complutense, así como en el posible uso de recursos públicos a través de su asesora personal [Text provided]. En el ámbito parlamentario, este último punto ha generado una fuerte controversia; la oposición ha denunciado en el Congreso que se utilizaron medios públicos en favor de intereses privados para favorecer los negocios particulares de Gómez.
Por su parte, tanto la defensa como la Fiscalía —que ha solicitado reiteradamente el archivo de la causa— sostienen que no existen indicios sólidos de criminalidad [Text provided, 1080]. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado estas investigaciones como una “persecución política” impulsada por colectivos de ultraderecha, defendiendo la inocencia de su esposa y la legalidad de sus actividades.
La audiencia prevista para el 9 de junio es un trámite decisivo en el procedimiento ante jurado, ya que en ella se deberá determinar si procede abrir el juicio oral, archivar las actuaciones o practicar nuevas diligencias [Text provided]. Con este recurso, la defensa busca frenar un avance que considera atropellado y centrar el debate en el cumplimiento estricto de las garantías judiciales.
