Empresarios y trabajadores del sector turístico condenan esta medida porque podría llevarlos a una crisis financiera
La isla de Boracay, ubicada unos 300 kilómetros al sur de Manila, es uno de los destinos turísticos por excelencia de Filipinas y las aguas trasparentes y fina arena de White Beach, su playa principal, han posicionado el lugar como uno de los más atractivos del mundo.
Sin embargo, ese paraíso cerrará al público a partir del próximo 26 de abril, según confirmó a principios de este mes el portavoz presidencial filipino, Harry Roque, citado por Radio Mindanao Network.
Ese vocero aseguró que la medida estará vigente durante seis meses para rehabilitar el lugar y recuperar tanto sus aguas como su entorno natural.
“Una cloaca”
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ya declaró a comienzos de febrero que la isla era “una cloaca” y subrayó que su agua y sus playas “huelen a mierda” por culpa del flujo masivo de turistas, la inadecuada evacuación de los desechos y el mal uso del sistema de desagüe.
Por tanto, el objetivo oficial es modernizar el alcantarillado con el fin de evitar que los complejos hoteleros y otros negocios viertan sus aguas residuales directamente al mar.
Pérdidas millonarias
En un principio, Boracay se iba a clausurar por dos meses o en varias fases, pero los departamentos de Interior, Turismo y Medio Ambiente recomendaron realizar una cierre prolongado, recoge el diario The Philippine Star.
Roque confirmó que el Gobierno destinará un fondo de ayuda para los cerca de 35.000 trabajadores que se verán afectados. Algunos cálculos indican que las pérdidas podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares.
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No obstante, esa decisión ha provocado protestas por parte de empresarios y empleados del sector turístico, quienes condenan que la medida podría llevarlos a una crisis financiera.
¿Hay algo más detrás del cierre?
Esta iniciativa ha provocado el descontento de algunos sectores del Gobierno y ciertos expertos ambientales, después de que el mes pasado se concediera a una firma china la licencia de construcción de un complejo hotelero y un casino en Boracay por valor de 500 millones de dólares.
Al respecto, el senador filipino Antonio Trillares manifestó que el cierre de la zona no tiene nada que ver con motivos ambientales y su verdadera intención es poner en marcha ese proyecto.
Duterte negó esa acusación y manifestó que, tras las labores de limpieza, la isla se someterá a una reforma agraria para instar a los campesinos a reactivar las actividades agrícolas en algunas zonas.