El gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el ejecutivo del presidente Daniel Ortega, indicó un informe de Naciones Unidas publicado el miércoles.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ejecutivo Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Desde mediados de abril, más de 300 personas murieron a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a la calle para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El dirigente retiró los cambios, pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas que trabajaron con la policía para despejar las barricadas levantadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
Además, hubo un breve dialogo entre gobierno y opositores, pero Ortega acusó a los obispos que mediaron en el proceso de formar parte de una conspiración para un golpe de Estado y los contactos no se reanudaron. El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocar a su ejecutivo. El mandatario dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen, pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.