De los casi 5.000 millones por honrar a los acreedores, la cartera de Hacienda solo tendría asegurado 874 millones, es decir, todavía le faltan unos 3.978 millones para evitar el cese de pagos. ¿Cómo lo logrará?
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El gobierno de Nayib Bukele se enfrenta a la situación económica más comprometedora de su administración, cuando se hace cada vez más factible que El Salvador entre en una crisis fiscal y, con ello, en el impago de sus compromisos nacionales e internacionales.
El medio local El Faro, que tuvo acceso a un “documento interno” del Ministerio de Hacienda fechado en marzo de 2022 y que fue compartido con inversores para intentar abrir canales de diálogo en Wall Street, informó que el Gobierno habría planeado distintas acciones para evitar caer en ‘default’, como se define en el ámbito financiero el incumplimiento de pago de una deuda por falta de liquidez o de voluntad.
#ElSalvador | El Faro tuvo acceso a un documento interno del Ministerio de Hacienda, en el que el Gobierno se plantea tres escenarios distintos para evitar caer en default en 2023, situación que supondría que el país entre en una etapa de austeridad. https://t.co/oGjrItGVTa
— El Faro (@_elfaro_) July 11, 2022
El despacho de Bukele, que asegura cumplirá “a tiempo”, manejaría varios “escenarios” para honrar sus compromisos:
- Alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaría condicionado a la derogación del bitcóin como moneda de uso oficial.
- Abordar el “mercado local de deuda” e implementar la prometida pero retrasada “reforma de pensiones”.
- Buscar “fuentes adicionales de financiamiento” en instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
- Aumentar la recaudación fiscal con “mayor eficiencia” o con la creación de nuevos impuestos.
- Implementar un plan de ahorro o de austeridad para disminuir el gasto público.
- Cambiar regulaciones para las reservas de liquidez, lo que permitiría a los bancos locales adquirir un mayor porcentaje de títulos del Estado.
¿Qué debe pagar El Salvador?
Entre septiembre de 2002 y hasta diciembre de 2023, el gobierno de Bukele debe desembolsar 4.852 millones de dólares, que no tiene, para pagar sus compromisos internos y externos. Para revertir esa situación, el Ejecutivo tiene planteado crear fondos para cubrir el presupuesto de 2023; la deuda pública interna a corto plazo, como son la Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes); y los bonos de la deuda externa de largo plazo.
Además, Bukele también está obligado a conseguir 1.012 millones de dólares que necesita solo para garantizar sus gastos ordinarios en el presupuesto del próximo año. No obstante, de momento, de los casi 5.000 millones por pagar, la cartera de Hacienda solo tendría asegurado 874 millones, es decir, todavía le faltan unos 3.978 millones para evitar el ‘default’.
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Según el mencionado documento, el Ejecutivo habría prometido aplicar un ajuste fiscal, que aumentaría en 380 millones de dólares los ingresos por recaudación tributaria y un plan de ahorro de 674 millones, a través de recortes al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (Fodes), y de programas gubernamentales de presupuesto y reestructuración. El objetivo de estas medidas sería atraer a los financistas.
Camino difícil con el FMI
Para lograr un acuerdo con el FMI hay una condición: que El Salvador derogue el artículo de la Ley Bitcóin que da a la criptodivisa el estatus de moneda de curso legal, ya que el Fondo considera que genera riesgos importantes en la economía.
Entre las consideraciones del Fondo están las “fluctuaciones masivas en los precios de los criptoactivos” y la integridad de los flujos de dinero, debido a que podría servir como puerto libre para ilícitos cambiarios, evasión de impuestos y financiación al terrorismo, por el “anonimato que brindan”.
Aunque los recursos del FMI pueden ayudar a El Salvador a cambiar la balanza, la exigencia del Fondo marca un punto de partida que hace lejana la posibilidad de que las negociaciones entre ambos lleguen a buen término, pues el presidente Bukele insiste que el bitcóin “es el futuro”.
Según el documento, el FMI podría aportar 1.700 millones de dólares a través de un crédito de 1.300 millones y otros 400 millones por financiamientos adicionales. Además, otros dos organismos vinculados al FMI, como el BID y el BM, habrían ofrecido 400 millones más, 200 cada uno, lo que sumaría 2.100 millones de dólares, el 43 % de los recursos necesarios para sortear el impago.
En paralelo, la administración de Bukele tiene en sus cuentas el cobro de reembolsos por gastos realizados en créditos con el BCIE y el BM. El BCIE, según el informe mencionado, debería devolver 100 millones de dólares por el crédito de asistencia para una Ley del Salario Mínimo y otros 160 millones por asistencia para la digitalización.
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El otro reembolso lo haría el BM por 100 millones relacionados a gastos que hizo El Salvador para la compra de vacunas contra el covid-19, insumos médicos y equipo de protección para los hospitales.
“Otras fuentes de financiamiento”
Entre las “otras fuentes de financiamiento” que estaría planteando la cartera Hacienda está la obtención de un crédito adicional con el BCIE, por 200 millones de dólares, y otro financiamiento por 500 millones con la CAF. Además, la reforma de pensiones que sigue sin materializarse desde el 2021 y que implica su nacionalización, daría al Gobierno 589 millones de dólares solo en emisiones de bonos.
A estos recursos, se sumarían otros 289 millones por la emisión de papeles para el mercado local, que tendrían impacto a corto plazo. El Gobierno también podría recurrir a las reservas del Banco Central salvadoreño e incluso hacer uso de los derechos especiales de giro del FMI, un activo al que los Estados miembros pueden recurrir en momentos de apremio.
También es posible que el Ejecutivo comience a mover sus depósitos en la banca para que las entidades financieras utilicen esos recursos en la compra de títulos del Estado, hasta unos 200 millones de dólares, lo que implicaría bajar la reserva de liquidez y aumentar el nivel de riesgo en el sistema financiero.
¿Qué se ha dicho sobre el posible ‘default’?
La situación a la que se enfrenta El Salvador ha sido advertida por distintas fuentes. Recientemente Bloomberg y The New York Times (NYT) publicaron estudios sobre el país centroamericano y las probabilidades de caer en impago.
Bloomberg refiere un análisis de expertos que coloca a El Salvador como primero en una lista de 50 países con el nivel más alto de riesgo de default; mientras que NYT señala que el colapso de los precios del bitcóin y el posterior frenazo a la emisión de bonos volcán, papeles de deuda equivalentes a 1.000 millones de dólares que se iban a emitir en el primer semestre de 2022, han jugado contra Bukele.
En este contexto, el presidente salvadoreño podría verse obligado a elegir entre recortar drásticamente el gasto público, que posiblemente haría enojar a la población, o “empujar al país” al impago, lo que “podría interrumpir las importaciones básicas, reducir el crecimiento y hasta provocar una crisis bancaria”.
Además, se suman las advertencias de las calificadoras de riesgo que cuestionan la política de Bukele con el bitcóin, como el supuesto manejo opaco de las operaciones de compra y venta, y la preocupación por la volatilidad del criptoactivo, que en menos de un año ha generado pérdidas a El Salvador por más de 57 millones de dólares.
Desde septiembre pasado, el país ha adquirido 2.301 monedas de bitcóin por un total de 103,9 millones de dólares. Pero esa inversión actualmente se valora en 46,6 millones de dólares, según datos de CoinDesk basados en los anuncios de Bukele, quien a finales de junio gastó 1,5 millones de dólares en la compra de 80 bitcoines a 19.000 dólares cada uno y agradeció “por los precios bajos”.
El Salvador también debe sortear la convulsionada situación de seguridad interna que mantiene un estado de excepción en el país, las maltrechas relaciones con EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el impacto de la crisis política y económica mundial que genera inestabilidad y alza de precios en los mercados de energía, transporte, alimentos, entre otros, que acentúan la inflación y la desigualdad a escala global.