La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) realizó la denuncia el pasado sábado a la criminalización de las diversas labores de los defensores de derechos humanos y los abogados. Señalan que el régimen de Daniel Ortega, hace con esto “una flagrante violación al derecho constitucional al trabajo”.
A través de un comunicado, la Alianza subraya que la labor de los profesionales durante la crisis que comenzó en abril de 2018, han sufrido “asedios, amenazas de muerte, agresiones físicas, exilio, detenciones arbitrarias y más recientemente, sujeto de procesos penales injustos y arbitrarios”.
Toman de ejemplo reciente la criminalización de los abogados en el caso de María Oviedo, a quien el régimen le comienza un proceso judicial por el delito de obstrucción de funciones cuando el pasado 27 de julio la detienen en la delegación policial de Masaya y después la trasladada a la cárcel El Chipote, en Managua. En Masaya la abogada fue agredida de manera física y verbalmente por un oficial.
Este lunes 19 de agosto se desarrollará un juicio en contra de la defensora de presos políticos.
Para la Alianza Cívica, esta criminalización en contra de los abogados es una “nueva etapa de represión” en el país desde que comenzaron las protestas que llevan más de 300 muertos, cientos de presos políticos y gran cantidad de exiliados.
La ACJD le recordó a Daniel Ortega que muchos de los defensores asediados, entre los que están Oviedo, gozan de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El trabajo de la defensoría de derechos humanos, regido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de vital importancia, especialmente en situaciones como las que se viven en Nicaragua”, afirma la Alianza.
El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional que tiene más de 70 diputados oficialistas de 91 en total, retira la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y a otras organizaciones que trabajaban en la defensa de derechos humanos de los nicaragüenses.