El régimen de excepción ha sido prorrogado por décima tercera vez en El Salvador bajo el argumento de que todavía hay 8.000 pandilleros pendientes de capturar
SAN SALVADOR — A pesar de que hace menos de una semana el presidente salvadoreño, Nayib Bukele dejó abierta la posibilidad de relajar el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó el jueves la décima tercera prorroga de esta medida tomada con el argumento de combatir a las temibles pandillas que por más de tres décadas han aterrorizado país centroamericano.
El gabinete de Seguridad del gobierno del Bukele solicitó la nueva prorroga porque asegura que aún hay un remanente de mas de 8.000 pandilleros pendientes de capturar, la mayoría que participaron en violentas ceremonias de iniciación, pues para ingresar a las pandillas, se les solía exigir que asesinen a una persona.
“Todo este Estado criminal paralelo al que nos enfrentamos está completamente destruido, pero obviamente hay remanentes”, a los que deben de capturar, “para ir sometiéndolos a la justicia”, dijo el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro el martes, en una reunión con periodistas.
Las pandillas que por más de tres décadas operaban en el 90% del territorio, impartían su propia justicia en estos territorios y recaudaban en extorsiones de casi dos mil millones de dólares.
El estado de excepción regirá por otros 30 días en todo el territorio nacional, dada la última aprobación con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, controlado por el partido de Bukele. Los tres legisladores de oposición nuevamente negaron sus votos para la aprobación: los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron y la diputada del partido VAMOS votó en contra.
Bukele dijo el domingo, al inaugurar una importante red vial en el oriente del país, que “probablemente pronto podamos relajar las medidas, no creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar”.
Días después, sin embargo, el ministro de Seguridad dijo que los posibles cambios aún están en estudio.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.