San José, 18 oct (PL) En representación de millones de costarricenses, vengo a abogar por el fin de las pensiones de lujo, afirmó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, al intervenir en la audiencia oral de la Sala Constitucional (IV).
‘Estamos en un momento histórico en el que hay que tomar las decisiones para garantizar la estabilidad del país, el estado de derecho y la credibilidad en nuestras instituciones’, apuntó el mandatario tico.
La única finalidad de esta comparecencia es abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica, con el respaldo de razones jurídicas, financieras, técnicas y éticas, buscando regímenes de pensiones equitativos, sostenibles y solidarios, sostuvo.
Lo que está en juego aquí es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, indicó y aseveró que las pensiones de lujo generan la molestia generalizada en la propia institucionalidad por la injusticia que representa.
Por ello, el presidente señaló que esta es una oportunidad no solo para hacer lo legal sino lo correcto y devolver la confianza ciudadana a las instituciones.
Alvarado y varios de sus ministros acudieron a la audiencia oral a defender el tope en dos millones 670 mil colones -unos cuatro mil 600 dólares- decretado a las pensiones de lujo (superiores a esa cantidad) en agosto de 2014, pero cuya aplicación fue suspendida a raíz de que la Sala IV acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad presentada en setiembre de ese año.
Datos de la Dirección Nacional de Pensiones de la Tesorería Nacional reflejan que solo en el primer mes de aplicación de esta directriz, tuvieron un ahorro de 488 millones 286 mil 122 colones -cerca de 842 mil dólares- por el tope a cerca de 500 pensiones.
Por su lado, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reveló que los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto representan un 2,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente al 22 por ciento de todos los ingresos que percibe el Estado y la contraprestación apenas alcanza el 7,5 por ciento.
‘No es sostenible que el estado costarricense pueda mantener el nivel de pensiones’, exaltó la ministra.