El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aseguró que su Gobierno tiene las puertas abiertas para mantener un diálogo con los grupos sindicales para abordar sobre las reformas fiscales, sin embargo advirtió que no se realizará mientras continúe la huelga que iniciaron este lunes.
“Este movimiento es improcedente, es injustificado, dado que las puertas de diálogo de esta administración han estado, están y estarán abiertas, pero no entraremos en un proceso de diálogo mientras haya movimientos que lo que buscan es afectar a las y los costarricenses”, dijo el mandatario.
Alvarado aseveró que la apertura al diálogo “es público y notorio que nosotros hemos hecho un llamado a dialogar”.
Por su parte el ministro de Trabajo, Steven Núñez, detalló que un total de 19 instituciones solicitaron la declaratoria de ilegalidad de la huelga, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como los ministerios de Justicia y Paz, Vivienda y Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El funcionario apuntó que esperan que más instituciones presenten solicitudes de ilegalidad en las próximas horas. El ministro explicó que si los tribunales declaran la ilegalidad del movimiento los empleados deben volver a sus trabajos en 24 horas, de lo contrario se les rebajaría el salario.
“Es nuestro criterio y el de cada jerarca que ha solicitado la declaratoria de ilegalidad que ese procedimiento no se ha realizado, entiéndase la presentación de un conflicto económico social, un conflicto jurídico, además de realizar las respectivas asambleas”, explicó Núñez.
Asimismo, al menos de 14 entidades ningún funcionario se unió a la protesta entre ellas el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Trabajo, agregó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
La polémica reforma fiscal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.