Amnistía internacional (AI), presentó un segundo informe sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua en el cual documenta la denominada “Operación Limpieza”, como una de las estrategias de represión que registró “violaciones graves de derechos humanos”.
La “Operación Limpieza” es cuando en Nicaragua se registró la mayor cantidad de muertos, ante los diferentes ataques que sufrieron ciudadanos que mantenían barricadas o tranques en diferentes partes de la ciudad que permanecían en manos de manifestantes exigiendo la renuncia del mandatario Daniel Ortega.
Según, reporta la oenegé en muchas oportunidades, las violaciones de derechos humanos se cometieron “no solo con conocimiento de las más altas autoridades”, entre ellas de Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sino bajo su “orden y control”.
En el informe, presentado en Madrid a seis meses del estallido ciudadano, también se refirió sobre las “torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas” así como seis “posibles ejecuciones extrajudiciales”, que constituyen delitos de derecho internacional.
En Nicaragua organismos de Derechos Humanos cuantifican al menos 322 personas muertas y más de 2 mil heridos desde el pasado 18 de abril.