El político acusó públicamente a Consuelo Porras de estar detrás de un intento de “golpe de Estado” para evitar que asuma la Presidencia el 14 de enero
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este viernes que se reunirá con la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, para pedirle que renuncie a su cargo, informa Prensa Libre.
El equipo del político, que acusó públicamente a Porras desde septiembre del año pasado de estar detrás de un intento de “golpe de Estado” para evitar que asuma la Presidencia el 14 de enero, precisó que el encuentro será solicitado “lo antes posible”, aunque de momento no se prevé que ocurra antes de la toma de posesión.
“La Corte de Constitucionalidad (CC) fue clara y ya llegado el 14 de enero empezaremos a tomar medidas, vamos a reunirnos con la fiscal general para pedirle la renuncia”, enfatizó Arévalo.
En tanto, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se opuso a una resolución que le ordena velar porque se garantice el cambio de mando, buscando así que quede sin efecto la decisión al respecto del Juzgado Noveno Penal, recogen medios locales.
En medio de la incertidumbre causada por las acciones de la Fiscalía General, que en diciembre denunció presuntas irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la victoria de Arévalo, la CC de Guatemala ordenó “garantizar la efectiva toma de posesión” de todos los funcionarios que resultaron electos en los comicios de 2023.
Consuelo Porras, junto con el titular de la FECI y el juez Freddy Orellana, ha protagonizado la arremetida contra el Movimiento Semilla y el presidente electo. El trío fue incluido en la lista de sanciones de EE.UU. por sus intentos de socavar el traspaso del poder.
Desde que Arévalo de León ganó la primera vuelta y empezó a perfilarse como ganador del balotaje en agosto frente a la exprimera dama Sandra Torres, la Fiscalía emprendió acciones que terminaron en la suspensión del Movimiento Semilla e incluyeron el allanamiento de su sede y la del TSE, así como el secuestro de actas con resultados.
Los reiterados intentos de judicialización en contra de Arévalo y su partido desataron una ola de protestas en el país con cierres de vías, paros y cercos ante las sedes del Ministerio Público.