Una ley para la reducción de salarios de funcionarios ha ocasionado protestas y posicionamientos polémicos por parte de jueces, magistrados y ministros de la Corte, quienes perciben sueldos más altos que en países como EE.UU.
La tensión inédita entre el Poder Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial es el resultado de la crisis política que se vive en México, por una ley que busca bajar el sueldo millonario que perciben jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, expertos consultados por RT sostienen que la disputa entre los Poderes que sostienen al Estado mexicano podría golpear la confianza en las instituciones, en un contexto donde la concentración de poder pone en entredicho los contrapesos propios de una democracia.
El origen del problema
La crisis surgió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con ayuda de su mayoría legislativa en las dos cámaras del Congreso, impulsara una ‘ley de austeridad’ que obligaría a funcionarios públicos, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, a reducir sus altos sueldos.
De este modo, la Ley de Remuneraciones aprobada por el Congreso establece que “ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, cuyo sueldo será de 108.000 pesos al mes (5.348 dólares).
Ante la inconformidad de diversos afectados por la medida, y las impugnaciones realizadas por el bloque opositor en el Congreso y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que considera que la ley aprobada viola los derechos humanos), será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el ente encargado de declarar la validez constitucional de dicha reforma de ley, pese a ser juez y parte en la disputa.
Un escenario que ha puesto contra la espada y la pared al Poder Judicial, al mismo tiempo que se ha desatado una enorme polémica por los altos ingresos que perciben jueces, magistrados y ministros de la Corte en un país como México, donde el 99% de los delitos quedan impunes.