Agentes de ICE durante una detención.
El Gobierno de México ha decidido elevar el tono y llevar la exigencia de justicia al terreno legal estadounidense. A través de una ofensiva judicial sin precedentes, se han interpuesto 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. El objetivo es claro: investigar la muerte de 17 ciudadanos mexicanos que perdieron la vida bajo custodia del ICE o en operativos migratorios.
Esta medida surge como respuesta a la invisibilización que las autoridades de EE. UU. han intentado imponer, llegando incluso a devolver cartas de protesta mexicanas bajo el argumento de “interferencia”. Ante este bloqueo, la diplomacia mexicana ha generado una fuerte turbulencia narrativa al involucrar no solo al Departamento de Justicia, sino también al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La postura de México es tajante: ninguna muerte puede ser archivada como una simple estadística de la política migratoria. Las denuncias buscan determinar responsabilidades penales por negligencia o uso indebido de la fuerza en los centros de detención. Aunque las fiscalías estadounidenses tendrán la última palabra, la red consular ya está movilizada para asegurar que estos hechos no queden en el olvido y que las familias reciban la justicia que la política migratoria les ha negado hasta ahora.
