El operativo se realizó tras varias denuncias ciudadanas sobre maltrato y condiciones insalubres
Twitter / Seguridadneza
Las autoridades mexicanas rescataron a más de 70 perros que estaban en un inmueble donde presuntamente eran sacrificados para vender su carne para consumo humano.
Los animales fueron rescatados en un domicilio de la colonia Benito Juárez, del municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México, informó la Fiscalía de la entidad.
Esta tarde de manera coordinada la Direccion General de Seguridad Ciudadana, Dirección de Medio Ambiente Nezahualcóyotl, #Zoonosis, @FiscaliaEdomex, @propaem_sma y @LaCamadaNitinMx, realizaron un operativo en la Col. Benito Juárez. (1de 3) pic.twitter.com/rXLMm5DKJH
— DGSC NEZA (@seguridadneza) October 14, 2022
De acuerdo con medios locales, estos canes eran engordados en ese inmueble, para luego ser sacrificados y vender su carne a taquerías de la región.
En el rescate, además de la Fiscalía, participaron miembros de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México y del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl detalló que el operativo se realizó luego de recibir denuncias ciudadanas sobre maltrato y condiciones insalubres de un gran número de canes en el interior del domicilio.
Por ahora serán trasladados al Centro de Atención Canina del municipio hasta que culminen las investigaciones pertinentes. La Dirección General de Seguridad Ciudadana continuará siendo una institución pro animalista, pues sabemos que todas las vidas son importantes. (3 de 3) pic.twitter.com/btbGvZQVXv
— DGSC NEZA (@seguridadneza) October 14, 2022
La institución indicó que, una vez rescatados, los canes fueron trasladados al Centro de Atención Canina del municipio, hasta que culminen las investigaciones pertinentes.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, conforme al artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, el maltrato animal es un delito y se establece cuando se causen “lesiones dolosas, se abandone y queden expuestos a riesgos que amenacen su integridad”; la pena por estas acciones es de seis meses a cuatro años de prisión.