La presidenta de la Corte ordenó al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de la psicóloga feminista, quien ha estado detenida e incomunicada por más de 30 días
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó nuevas medidas urgentes de protección en el caso de la activista opositora nicaragüense Daisy Tamara Dávila, entre ellas “que se proceda a su inmediata libertad”.
La orden emitida a favor de Dávila por la Corte IDH, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), busca proteger la vida de ésta y de su entorno familiar, y ordena al Gobierno de Daniel Ortega adoptar “las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal” de Dávila Rivas y su núcleo familiar.
Con la resolución, además se amplían las medidas provisionales otorgadas en el caso de Juan Sebastián Chamorro y otros líderes opositores detenidos en Nicaragua.
📌Resolución de Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Adopción de Medidas Urgentes en favor de Deisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar en el marco de las Medidas Provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua 🇳🇮. pic.twitter.com/cF2tvlpPil
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) July 19, 2021
Durante la solicitud de protección CIDH, alegó que la activista se encuentra “en una situación de extrema gravedad y urgencia por daños irreparables a sus derechos en Nicaragua”.
Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue apresada de “forma violenta y sin orden judicial alguna” durante un allanamiento de su vivienda, el pasado 12 de junio, frente a su hija de 5 años, según alegaron sus familiares.
Su detención, de acuerdo con la CIDH, tiene relación con su labor como activista, al haber participado “en protestas cívicas”, además de haber “brindado apoyo humanitario a víctimas de la represión estatal”.
Argumentos con los que coincidió la Corte, por lo que resolvió nuevamente que la detención de la Dávila Rivas se realizó “en el mismo contexto descrito en la Resolución de 24 de junio de 2021” y ha estado precedida de actos de “estigmatización y amedrentamiento, siendo la detención en sí misma la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución”.
El gobierno de Ortega ha arrestado desde junio a seis aspirantes a la presidencia y otras 20 figuras de la oposición, incluyendo a Dávila, acusados de amenazar la “soberanía” de Nicaragua.
Entre los considerados “presos políticos” por diferentes organismos, hay unas 10 mujeres. Ocho de ellas, incluida Dávila, están dentro del Sistema Penitenciario La Esperanza o de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el Chipote.
Los cargos se basan en una ley iniciada por Ortega y aprobada por el parlamento en diciembre, ampliamente criticada como una forma de congelar a los contendientes y silenciar a los oponentes antes de las elecciones.
Ortega insiste en que los detenidos son “criminales” que buscan derrocarlo con el respaldo de Estados Unidos, pero la represión ha provocado la condena internacional y nuevas sanciones. La Administración Biden ha calificado al líder de larga data como “dictador”.
Por su parte, la Unión Europea ha dicho que es “inconcebible” que las elecciones de noviembre “sean algo que se acerque remotamente a una competencia democrática”.
Recientemente el Parlamento Europeo emitió una resolución que demanda a la Unión Europea (UE) que se apliquen “estrictas sanciones” a la administración del presidente Daniel Ortega.
*Colaboración Armando Gómez, desde San José, Costa Rica.