El manejo que hace el gobierno de Daniel Ortega a la pandemia que tiene en caos a la región y al mundo es objeto de críticas dentro de la misma nación centroamericana
Nicaragua tendrá acceso esta semana, de manera gratuita, a un cargamento superior a las 25.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19, dentro del marco de un programa del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El cargamento es parte del plan de contingencia que el BCIE promueve en la región a un monto de 1,960 millones de dólares. De ese fondo, 2.1 millones de dólares fueron destinados para comprar estas pruebas rápidas.
Hasta ahora el Centro Nacional de Diagnósticos es el único laboratorio autorizado para realizar las pruebas de coronavirus en el país, por lo que médicos independientes recomiendan al gobierno autorizar a laboratorios y hospitales privados para hacer dicha prueba.
El doctor Javier Núñez, de la Unidad Médica Nicaragüense, que conglomera a más de 500 profesionales de la salud, dijo que es importante descentralizar dichas pruebas.
“No solamente el Ministerio de Salud debe tener el instrumento para realizar las pruebas, si no que debiera estar en todas las instituciones públicas y privadas, de tal manera que se puedan hacer las pruebas a todo caso sospechoso”, explicó.
Núñez afirma que el Sistema de Salud Pública podría no tener capacidad para identificar todos los casos positivos del COVID-19, por lo que es importante a su vez sumar los esfuerzos del sector privado.
“¿Cuál ha sido el éxito de otros países para romper la cadena de contaminación? Hacer pruebas a gran escala. Eso es un gran problema que tenemos en Nicaragua: la centralización y el secretismo en la cantidad de pruebas que se han realizado a los pacientes, y esto es vital para poder romper la cadena epidemiológica”, criticó.
Agregó que mientras las pruebas de laboratorios pueden llevar horas en conocerse en los resultados, los test rápidos arrojan información en cuestión de minutos, lo que ayuda a detener la propagación del virus, altamente contagioso.