La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el lunes que sigue muriendo población indígena en Nicaragua debido a disputas territoriales y que casos de 2020 continúan sin ser respondidos por la justicia
Como una historia de terror describe Eloísa* los minutos que vivieron sus familiares cuando varios hombres -a quienes identifica como “colonos” e indios “mayagnas”- llegaron a un poblado indígena a ejecutarlos.
Fue un caso de violencia brutal dijo Eloísa, familiar de las víctimas, en conversación con Voz de América.
“A eso de las tres de la tarde se dio todo. Hubo seis sobrevivientes y al menos 11 personas asesinadas. Violaron a dos mujeres. Se dice que mayagnas y colonos se planificaron para ejecutar a los misquitos de forma atroz. Fue asesinato de película, de terror”, describió.
Añadió que a las víctimas “les dispararon con escopetas y armas de guerra y luego los fueron cortando por piezas. Fue terrible”.
Un comunicado emitido por las autoridades nicaragüenses 16 días después informó que los crímenes fueron motivados presuntamente por la “explotación de oro” en la zona.
Por esa razón fueron detenidas al menos tres personas y se ordenó la captura de otras 11.
Los hechos sucedieron el pasado 23 de agosto y fueron dados a conocer por el activista nicaragüense Amaru Ruiz, quien lleva años trabajando en organizaciones defensoras del medio ambiente, desde donde ha denunciado la invasión de colonos a territorios indígenas.
El ataque dejó como resultado al menos nueve indígenas muertos, según información oficial que fue ratificada el lunes por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien recordó que varios hechos similares “permanecen en la impunidad”.
“Mi oficina recibió informes de que al menos nueve personas indígenas habrían resultado muertas, víctimas de un ataque relacionado con una disputa sobre tierras (…) en la región autónoma de Costa Caribe Norte”, expuso Bachelet en el 48 periodo del Consejo de Derechos Humanos.
Versión policial incompleta: familiar de sobreviviente
En parte, la teoría policial tiene algo de verdad, según Eloísa, pero excluye a otra parte de los culpables.
“Los sobrevivientes están resguardándose en el caserío de la zona, la policía logró entrar con el ejército, pero lo más curioso es que el policía solo culpa a los mayagnas y no a los colonos. Los colonos no están siendo mencionados”, lamenta.
A su juicio ningún colono ha sido arrestado “después de tantos asesinatos a misquitos” y recuerda que en 2015 ocurrió un hecho similar, pero quedó en el olvido tras haber sido indemnizadas parte de las víctimas.
“Yo soy de una comunidad indígena y en 2015 entraron a nuestra comunidad, asesinaron a unos, quemaron las casas y se llevaron los animales que teníamos y eso ha quedado en la injusticia. Los colonos han estado invadiendo y asaltando a la orden del día. En la zona del Pacífico solo se mencionan hechos relevantes, pero eso siempre se dan estas cosas” lamentó.
Según Amaru Ruiz, de la organización Fundación del Río, y que denunció ante los medios el hecho, la investigación policial adolece de “serias incertidumbres y vacíos de información importantes que más bien preocuparon a los comunitarios misquitos y mayagnas”.
“Dentro del proceso de investigación y el móvil que estableció el régimen de Nicaragua, se habló de una rencilla entre comunitarios y no necesariamente mencionó la situación y el patrón de invasión de personas no indígenas dentro de esos territorios como posible móvil de esta masacre”, dijo.
Amaru dice que las autoridades no mencionaron “los intereses mineros que hay sobre esos territorios, tanto de empresas de minería artesanal como empresas de minería industrial que les conciernen esos territorios y a quienes les favorece el proceso de desplazamiento de las comunidades para luego establecerse en concesiones mineras”.
“Lo que tenemos ahí son dos factores que subyacen a los problemas de invasión de esos territorios indígenas y afrodescendientes, cuestión que no fue mencionada”, lamentó.
Acusan de propagar noticias falsas a ambientalista
Tras las denuncias del ambientalista, la Fiscalía nicaragüense lo acusó de propagar noticias falsas, un delito establecido en la Ley Especial de Ciberdelitos aprobada por el oficialismo en 2020.
Según la Fiscalía, Amaru expresó que “el estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos”, lo que según aducen, “es totalmente falso, ya que existe una investigación policial y una acusación fiscal” al respecto.
“El acusado Amaru Ruíz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”, señaló la Fiscalía que solicitó su detención.
Amaru es el primer activista a quien la fiscalía lo señala de supuestas noticias falsas.
[Eloísa* solicitó no ser identificada por razones de seguridad]