La Fiscalía General de El Salvador ha acusado ante un tribunal al expresidente Carlos Mauricio Funes de que durante su gobierno (2009-2014) se desvió y lavó presuntamente más de 108,5 millones de dólares de un contrato para la construcción de una represa.
Junto con Funes hay otros cinco imputados más: Ada Michelle Guzmán, actual pareja del exmandatario, el empresario Miguel Menéndez, el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, José Leopoldo Samour, los representantes de la empresa ASTALDI José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini entidad que se habría beneficiado del supuesto delito.
“En julio del 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, lograron anular el contrato [para la construcción de la represa El Chaparral] y desviar entre ellos un monto de 108,5 millones de dólares, que generaron a la empresa más de 45,2 millones”, señala el Ministerio Público salvadoreño.
Por su parte, Funes afirma que esas acusaciones son inconsistentes, contradictorias y “sin fundamento basadas en criteriados”. El exmandatario además dice no confiar en la actual justicia salvadoreña debido a que es “un sistema podrido” y una Fiscalía General de la República “controlada por la derecha”.