En 2025, Nicaragua se encuentra en un panorama complicado debido a menos migración, más deportaciones y caída de remesas. Más de 400,000 nicas están en EE. UU. sin estatus legal y el país estaría perdiendo más de US$106 millones

A través de un informe presentado por el experto en migración Manuel Orozco, titulado “Política exterior bajo la Administración Trump: Política migratoria y efecto para la región”, indica que Estados Unidos ha comenzado a endurecer la política migratoria con efectos devastadores, sobretodo para Nicaragua.
El gobierno de Trump ha creado un aparato migratorio cada vez más concentrado para la expulsión, la deportación y la exclusión, de miles de familias de origen nicas que entran en una espiral de incertidumbre legal, económica y emocional que pone bajo amenaza con desestabilizar aún más al país centroamericano.
La migración desde Nicaragua que se enrumba a los Estados Unidos alcanzó un pico sin precedentes en 2022 con 224,613 personas, después de una escalada que comenzó tras la crisis política de 2018. Sin embargo, las proyecciones para el año 2025 son alarmantes: sólo 3,804 migrantes nicaragüenses cruzaron hacia el norte, lo que representa una caída del 95 % en apenas tres años.
Las remesas, son la fuente vertebral del ingreso familiar en Nicaragua, las que podrían verse gravemente afectadas. En el año 2025 se calcula que más de US$106 millones se perderán sólo por las deportaciones, y eso sin contar los efectos de un posible impuesto del 3.5 % sobre el dinero que ha enviado la diáspora. Aclara que en el 2025 las remesas seran 4032 mil millones, en concepto remesas desde Estados Unidos a Nicaragua, destaca el estudio.
Esta disminución drástica no se debe a una mejora en las condiciones internas del país, sino al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, a la fatiga económica de los hogares que ya han enviado familiares, y al temor real de ser detenidos o deportados.
En tanto, el programa de parole humanitario, que entre 2021 y 2024 ha beneficiado a más de 934,000 personas, incluidos 90,000 nicaragüenses, y su carácter temporal hace que muchos estén ahora con el riesgo de la ilegalidad. Más de 30,000 nicaragüenses podrían quedar desprotegidos si no pueden ajustar su estatus antes de diciembre de 2025.
La combinación de este impuesto a un costo de envío del 3% elevaría el costo por transacción a US$26 mensuales, o un 6.9 % del ingreso enviado, lo cual estaría provocando que hasta el 60% de los remitentes disminuya sus envíos o deje de mandar dinero, según el informe.